Matriz Energética
Nueva ley prohíbe la minería metálica en El Salvador
La ley recién aprobada prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento, a cielo abierto o subterráneo, y el uso de químicos tóxicos en cualquier proceso de minería metálica.

 Viernes 31 de Marzo de 2017

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En El Salvador el negocio de la minería metálica no tiene gran relevancia, ya que hasta ahora los ingresos que se generan producto de la actividad son muy bajos. En 2013 el valor exportado de minerales metalíferos fue de solo $1,3 millones, subiendo a $1,6 millones en 2014, y cayendo hasta $600 mil en 2015.


Del comunicado de la Asamblea de El Salvador:

Comprometidos con proteger los recursos naturales y diversidad del medio ambiente, el Pleno Legislativo aprobó por unanimidad la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, con la cual se busca eliminar toda práctica minera en el suelo y subsuelo salvadoreño, en aras de extinguir toda amenaza para el desarrollo sostenible y bienestar de la familia salvadoreña.

La prohibición de la minería metálica incluye actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, sea a cielo abierto o subterráneo; asimismo el uso de químicos tóxicos, como cianuro y mercurio, en cualquier proceso de minería metálica.

Bajo este decreto, ninguna institución, norma, acto administrativo o resolución podrá autorizar dichas actividades en El Salvador u otorgar licencias, permisos, contratos o concesiones para esos mismos fines. Todo procedimiento de obtención de licencia o concesiones para prácticas de minería metálica en el país queda sin efecto a partir de la vigencia de la normativa aprobada.

En el caso de la minería artesanal a pequeña escala utilizada para subsistencia familiar, artesanal y güiriseros (mineros artesanales), contarán con un plazo de dos años –contados a partir de la entrada en vigencia de la ley¬– para reconvertirse a otra actividad productiva, para ello se contará con el apoyo, asesoramiento y asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño. De esta normativa queda excluido el trabajo artesanal de fabricación, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos.

Para un mejor funcionamiento de la normativa, el presidente de la República deberá dictar el reglamento de aplicación de la ley, en un plazo no mayor a seis meses después de que la misma entre en vigencia.
 

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